Se intensifica la batalla legal tras el enfrentamiento entre funcionarios estatales y la Corte Federal por la SB 4-C
La jueza de distrito de EE. UU., Kathleen Williams, emitió una orden judicial preliminar contra la nueva ley de inmigración de Florida, la SB 4-C, deteniendo así su aplicación en todo el estado.
El gobernador Ron DeSantis firmó la ley en febrero de 2025, la cual criminaliza a los inmigrantes indocumentados que ingresan a Florida evadiendo a las autoridades federales de inmigración.
Sin embargo, la jueza Williams emitió una orden de restricción temporal el 4 de abril de 2025, en respuesta a una demanda presentada por la ACLU. Los demandantes argumentaron que la SB 4-C vulnera la autoridad exclusiva del gobierno federal en materia de inmigración, lo cual viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE. UU.
El Fiscal General del Estado impugna la autoridad federal
El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, ha adoptado una postura desafiante contra la orden judicial.
Inicialmente, Uthmeier recomendó a las fuerzas del orden que cumplieran con la orden de restricción de la jueza. Sin embargo, tan solo cinco días después, emitió un segundo memorando en el que afirmaba que la orden del juez Williams no vinculaba legalmente a los departamentos de policía locales. Sugirió que podrían seguir aplicando la SB 4-C. Esta medida ha suscitado fuertes críticas del poder judicial.
Durante una audiencia celebrada el 29 de abril de 2025, la jueza Williams expresó su asombro ante las acciones de Uthmeier, declarando: "Estoy sorprendida y conmocionada".
Enfatizó que su orden se aplica inequívocamente a todas las agencias del orden público de Florida, independientemente de si fueron mencionadas en la demanda original. El juez ha programado una audiencia para el 29 de mayo de 2025 para considerar posibles sanciones contra Uthmeier por su aparente incumplimiento de la directiva del tribunal.
Cuando se aprobó la ley, alrededor de 12 personas fueron arrestadas por el supuesto "delito menor". Sin embargo, no se han reportado más arrestos desde la publicación del segundo memorando de Uthmeier.
El resultado de esta batalla legal podría sentar un precedente sobre hasta qué punto los estados pueden promulgar y aplicar sus propias leyes de inmigración.
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