Expertos en privacidad y grupos de derechos civiles advierten sobre un aumento masivo de la vigilancia de DOGE
En una medida sin precedentes que mantiene en alerta máxima a defensores de los derechos civiles y expertos en privacidad, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), bajo la administración Trump, está recopilando datos federales confidenciales para identificar, rastrear y expulsar a inmigrantes indocumentados de las viviendas y empleos en Estados Unidos. Según denunciantes y personas con información privilegiada de la agencia, este rastreo de datos podría afectar a millones de personas, tanto ciudadanos como extranjeros.
La iniciativa, que según los críticos utiliza los registros gubernamentales como arma para la aplicación de la ley migratoria, recurre a agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración del Seguro Social (SSA) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Los expertos advierten que corre el riesgo de provocar violaciones generalizadas de la privacidad y erosionar la confianza en los programas federales diseñados para apoyar a las comunidades estadounidenses.
Una base de datos maestra para monitorear y eliminar
Los agentes de DOGE están construyendo una "base de datos maestra" utilizando datos gubernamentales previamente aislados para identificar a inmigrantes indocumentados por nombre, número de Seguro Social, declaraciones de impuestos e incluso datos biométricos. Según WIRED, el sistema integra registros de USCIS, SSA, el IRS e incluso bases de datos de votación estatales de Florida y Pensilvania. Este vasto repositorio pronto podría permitir la geolocalización y vigilancia en tiempo real de personas clave.
"No se trata de eficiencia, sino de control", afirma Victoria Noble, de la Electronic Frontier Foundation. "Centralizar estos datos podría permitir a las agencias perseguir a las personas no basándose en su comportamiento delictivo, sino en su estatus migratorio, creencias o simples errores administrativos".
Familias de estatus mixto en riesgo en viviendas públicas
Entre los impactos más inmediatos se encuentra una propuesta de norma del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) dirigida a familias de estatus mixto y hogares donde algunos miembros son ciudadanos estadounidenses o residentes legales y otros son indocumentados. Bajo las normas actuales, estas familias reciben beneficios prorrateados y pueden residir legalmente en viviendas públicas.
Ahora, los funcionarios de DOGE en HUD, liderados por el miembro Mike Mirski, están presionando para desalojar por completo a estas familias. Ciudades como Nueva York y Chicago están siendo priorizadas, y las autoridades de vivienda están organizando seminarios web internos sobre cómo responder si los agentes de inmigración se presentan en sus puertas.
"Hay decenas de miles de personas no elegibles en viviendas de HUD", dijo la portavoz de HUD, Kasey Lovett. "Es muy probable que esto se traduzca en inmigrantes indocumentados".
Creciente preocupación por la supervisión y los errores
Los críticos temen que la iniciativa no solo sea legalmente cuestionable, sino también técnicamente defectuosa. Los informes sugieren que el personal de DOGE carece de la capacitación necesaria para interpretar correctamente los complejos conjuntos de datos que manipulan. Los errores podrían tener consecuencias que alteren la vida.
En marzo, un salvadoreño fue deportado por error debido a un supuesto error administrativo. La Corte Suprema ordenó su regreso, pero el gobierno se ha negado a cumplir.
Existe mayor controversia en torno a las acciones de DOGE dentro de la SSA y el Departamento de Educación, donde funcionarios buscaron información detallada sobre la inmigración y las actividades de protesta de las personas. Los esfuerzos de la agencia fueron tan preocupantes que un juez federal impidió temporalmente que DOGE accediera a datos confidenciales de la SSA.
“No hay transparencia, ni rendición de cuentas, ni garantía de que estas decisiones basadas en datos sean correctas”, declaró Cody Venzke, asesor principal de la ACLU. “Es una situación peligrosa para cualquier democracia”.
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