La cancelación del programa CHNV genera incertidumbre para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que buscan refugio en EE. UU.
Miles de personas enfrentan la deportación tras un repentino cambio de política
La administración Trump canceló abruptamente el programa CHNV de libertad condicional humanitaria CHNV, una iniciativa de la era Biden que permitió a más de 532,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela vivir y trabajar legalmente en EE. UU. durante dos años. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que el programa no logró reforzar la seguridad fronteriza y ejerció una presión excesiva sobre los recursos federales.
Esta medida deja a cientos de miles de personas y familias en un limbo legal. Muchos huyeron de la inestabilidad política, la violencia y el colapso económico en sus países de origen, ingresando legalmente a EE. UU. a través de la aplicación CBP One con la ayuda de patrocinadores estadounidenses. El gobierno ha dado a las personas en libertad condicional 30 días a partir del 25 de marzo para encontrar vías legales alternativas o abandonar el país, enfrentándose a una posible deportación si no cumplen.
Entre los afectados se encuentra Jackson Belizaire, un inmigrante haitiano que pudo reunirse con su esposa y conocer a su hijo por primera vez gracias a CHNV. Ahora, sin trabajo, sin un camino claro hacia la residencia legal y sin una opción de retorno seguro, la familia enfrenta una incertidumbre devastadora.
Defensores de los derechos de los inmigrantes condenan la decisión como "cruel" y "racista"
El cambio de política ha provocado la indignación de las organizaciones de derechos de los inmigrantes. La Coalición de Inmigración de Nueva York la calificó de "traición devastadora", destacando el costo humano de desplazar a familias que siguieron los canales legales y ahora se encuentran sin opciones.
La Alianza Puente Haitiano (HBA) fue más allá y condenó la medida como una "crueldad premeditada" arraigada en la xenofobia y la discriminación contra las personas de raza negra. Según la directora ejecutiva de HBA, Guerline Jozef, la decisión envía un mensaje escalofriante a las poblaciones vulnerables: "Ya no son bienvenidos".
El grupo enfatizó que muchos de los migrantes afectados escapaban de regímenes autoritarios, la ruina económica y condiciones de violencia, particularmente en lugares como Haití, donde las pandillas controlan ahora más del 90% de la capital, Puerto Príncipe. Argumentan que deportar a estas personas no solo pondrá vidas en peligro, sino que también desestabilizará aún más a naciones ya frágiles.
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